La opacidad en los poderes
públicos es el germen de la desconfianza ciudadana y el incentivo más perverso
para el ejercicio indebido de las atribuciones conferidas a servidores e
instituciones públicas.
Este lunes, la contralora
del ayuntamiento de San Luis Potosí, María del Carmen Aranda Manteca
comparecerá ante el Cabildo capitalino. Lo hará no de manera voluntaria sino
forzada. Su comparecencia será en privado,
es decir, en secreto.
El presidente municipal,
Mario García y el Secretario General, Juan Ramón Nieto, así como la mayoría de
regidores del Partido Revolucionario Institucional no parecen tener peregrina
idea de lo grave y contradictorio que representa sesionar en privado. Esa es
una invitación a la sospecha.
En octubre de 2012, cuando
el alcalde asumió el poder público municipal, hizo el compromiso de investigar
a fondo y sancionar las probables irregularidades que se hubiesen cometido en
la anterior administración de Victoria Labastida.
Anticipó que no habría
impunidad para nadie y advirtió que a los probables responsables del mal uso de
los recursos les caería todo el peso de la ley. En pocas palabras, que no
solaparía actos ilegales.
La investigación a cargo de
la Contraloría Municipal inició con tanta expectativa que se pensó que por
primera vez, los ciudadanos verían el actuar justiciero de su autoridad
capitalina y, que en estricto rigor técnico, se llenarían expedientes con
precisión y exactitud de datos respecto de las anomalías identificadas.
Corrieron las semanas y
luego los meses y hasta que ya vamos para dos años y nada que los resultados de
las investigaciones los desconoce la sociedad.
Después de negar en más de
una decena de oportunidades solicitudes de información de parte del cabildo,
a la Contralora se le agotó el tiempo y
a unas semanas del segundo informe del alcalde, tendrá que rendir un informe
sobre el curso de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la
anterior administración.
No se trata de hacer
declaraciones estridentes a la prensa o de publicar boletines llenos de frases
trilladlas sobre el que no habrá impunidad, sino que se trata de rendir cuentas
al Cabildo.
El ayuntamiento no ha sido
capaz de dar el paso trascendente y denunciar de propia iniciativa a Victoria
Labastida, ha preferido el andar lerdo de investigaciones burocráticas en donde
está presente la tentación al silencio.
Aranda Manteca junto con los
regidores del PRI, el alcalde y el Secretario General, condicionaron la
comparecencia ante el Cabildo a que ésta fuera cerrada, según lo denunció la
regidora Nadya Edith Rangel Zavala, lo cual representa un acto de opacidad de
pleno injustificable.
Si la autoridad municipal
prefiere adherirse a la cultura del secretismo y del oscurantismo es
simplemente porque hay algo que pretenden ocultar.
Cerrar las puertas al
interés público, ocultar la información para luego ofrecer versiones sesgadas o
interesadas es por decir lo menos, un acto desafortunado de una autoridad
municipal que presume ser transparente en el discurso, pero que en los hechos
no lo es.
Existe un reclamo social que
consiste en que el poder público actúe de cara a los ciudadanos y quienes
ejercer el poder público deben entender que el escrutinio al poder público por
parte de los ciudadanos es un derecho que nadie puede violentar o negar.
Si la Contralora municipal
no es capaz de actuar de cara a los ciudadanos e informarles sobre los
resultados de sus investigaciones sobre el ejercicio de los recursos públicos,
entonces es que tales informes serán una vergüenza y un acto más de encubrimiento.
En lo que va de la
administración, la Contraloría no ha presentado una sola demanda en contra de
servidores públicos de la anterior administración, a la que sin embargo, el
ayuntamiento en turno no se ha cansado de responsabilizar, sin pruebas ni
denuncias de por medio, del manejo indebido de recursos y de toda suerte de
actos de corrupción.
La ciudadanía tiene derecho
a saber porque razón no ha habido denuncias ante las instancias
correspondientes.
La ciudadanía tiene derecho
a ser informada de los resultados de las presuntas investigaciones. A la
sociedad le asiste el derecho a ser a quién se investigó y que se obtuvo, pero
también quiénes investigaron y cuáles fueron sus conclusiones, además de cuánto
costó investigar y si de ello se logró algún beneficio.
Es cierto, la opacidad
genera desconfianza en los ciudadanos, mientras que en los servidores públicos
provoca cinismo e impunidad.
El ayuntamiento de Mario
García, no le ha respetado a la sociedad su derecho a saber, pues lo que se
hace es utilizar la investigación y sus resultados, para intereses políticos y
electorales.
No le conviene sancionar as
Victoria Labastida o a cualquiera de sus colaboradores, ya vienen las
elecciones y de acuerdo con su corta visión, no vale la pena alterar la sagrada
paz que entre priístas debe privar en el proceso de elección de candidatos. ¿O
no?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario