Feliz cumpleaños opacidad, les desea la Cegaip

El viernes 28 de agosto de 2015 a las catorce horas con doce minutos cumplió su primer aniversario la Queja 308/2014-2. Es su primer año de vida en rincones de la negligencia de la inútil Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

¿Si una institución pública es incapaz de resolver un asunto de su competencia durante un año, no estamos ante una institución inútil para la sociedad?

En efecto, el viernes cumplió su primer año esa queja y no hubo pastel, globos, confetis ni mañanitas. No es que a los comisionados de transparencia les haya pasado por alto un día tan especial, puesto que deben estar muy orgullosos de su “retoño” al que han visto crecer en fojas y pretextos durante los pasados 365 días.

Puede que muchos no lo sepan y que a pocos les interese, pero es sabido que la información en manos del gobierno es propiedad de todos. Todos tenemos derecho a conocer esa información salvo en casos excepcionales que señala la ley. En principio, los ciudadanos tenemos derecho para acceder a esa información y las instituciones públicas están obligadas a garantizar ese derecho.

Eso en realidad no es tan difícil de entender, no se trata de un tratado sobre la composición atómica de los cuerpos celestes, tampoco es una fórmula es un tratado en jeroglíficos o en lenguas primitivas acerca de la peste en el medioevo.

Es simplemente satisfacer el derecho a saber.

Como es ya cosa pública desde hace años, en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública eso no les importa, es decir, les tiene sin cuidado o lo que es lo mismo ni les va ni les viene.

Tan es así que un recurso de Queja que se debió resolver en un mes, ya cumplió un año el pasado 28 de agosto sin tener resolución. Violan su propia Ley y siguen impasibles, impertérritos  y confortablemente cómodos con eso.

La Queja cumpleañera es la relativa a la clasificación de información reservada que otorgó la Secretaría de Desarrollo Económico al Convenio firmado entre la empresa alemana BMW y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Ese recurso legal interpuesto por Eduardo Martínez Benavente le fue turnado a la comisionada presidenta de la CEGAIP, Yolanda Camacho Zapata, responsable directa de que la queja haya alcanzado con  (des) dicha su primer cumpleaños sin resolverse.

La señora se ha prodigado en hacer lo que sea necesario para no resolver la Queja ni a favor ni en contra de la desclasificación, es decir, simplemente no atiende el fondo del asunto. Como se dice en torno a los conflictos que los gobiernos mediocres nunca resuelven: crea una Comisión y ya está, instala una mesa de diálogo y ya está, así nos vamos todo el sexenio.

Ese es el rango de actuación en la CEGAIP frente al convenio BMW-Toranzo: si es necesario violar la ley para no hacer nada, pues no hagamos nada, es al parecer el modus operandi en esa Comisión.

El pasado 26 de agosto, dos días antes del cumple de la Queja, el pleno de la CEGAIP resolvió dar un nuevo plazo para la entrega de “datos” por parte de la empresas Logistik a fin de que diga lo que le corresponda. Esta es una barbaridad, una empresa a la que la propia comisión calificó de “ajena a la queja” es la que parece tener más poder y peso que la misma ley.

Que las instituciones públicas nieguen información y lleguen a utilizar todo tipo de triquiñuelas para ello, no es de ningún modo una novedad ni mucho menos una sorpresa, es más bien la norma, pero en contrario, lo que si es, como diría algún presunto indignado, una “afrenta” a la sociedad, es la actuación de los comisionados locales.

Con casos como el de la Queja 308/2014-2, han abonado tanto a su descrédito que de levantarse una muestra demoscópica le estarían peleando fieramente el liderazgo en la pérdida de confianza ciudadana a los diputados y políticos.

Es patético: Eduardo Martínez Benavente quiso conocer el Convenio Gobierno del Estado-BMW y para tal efecto hizo uso de su derecho de acceso a la información pública. Como marca la ley presentó solicitud de información el 21 de julio de 2014, tras de lo cual espero pacientemente una respuesta en los términos de la propia ley.

Le dijeron que ese convenio y sus anexos están reservados con fecha 11 de julio y cinco de agosto de 2014.

De nuevo, siguiendo lo que dice la ley, el peticionario presenta su recurso de Queja ante la CEGAIP, lo cual ocurrió el 28 de agosto de 2014. Ilusamente cualquiera pensaría que en unas semanas todo estaría resuelto, puesto que si un ciudadano respeta la ley, cuanto más lo ha de hacer una institución.

Sin embargo, contrario a lo que le ordena la ley, la CEGAIP aun no resuelve: vaya paradoja, quien sigue al pie de la letra lo que dice la ley, no tiene respuesta y los que la tuercen tan campantes como siempre.

Las telarañas abrazan a los comisionados de la CEGAIP

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública sigue sin dar visos de existencia y, de menos, de que se están soltando las telarañas que se han tejido a fuerza de no moverse.

En ese escenario de hacer poco puesto que burócratas al fin y al cabo, se dilata cada día la resolución sobre la urgencia de desclasificar el expediente completo con todo y anexos de la BMW. Como se sabe hasta el cansancio, desde hace un año, esa Comisión tiene un recurso de queja en contra de la reserva catalogada por la Secretaría de Desarrollo Económico y pues nada con los comisionados.

Van unos datos a ver si les da algo de pena a los tres comisionados de “transparencia”.

Del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le pone la muestra a la CEGAIP.

Ordenó a la presidencia de la república entregar la información completa de las obras de remodelación  a la Casa Miguel Alemán, es decir, de la residencia oficial del presidente Peña Nieto. Tiene que hacer público los contratos con la empresa Diseño y Construcciones, Génesis. La presidencia había respondido a una solicitud de información que no contaba con esa información.

El solicitante se quejo y el Instituto resolvió a favor del peticionario por encima de la presidencia de la república.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Procuraduría General de la República hacer públicas las averiguaciones previas en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez. Revocó un acuerdo de reserva por doce años y por ello, se podrá conocer qué fue lo que sucedió en los enfrentamientos estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y en 1971.

De ese tamaño es la resolución del Instituto.

Pero más aún, también resolvió que la Policía Federal debe hacer públicos todos los informes, bitácoras, reportes escritos y por radio que se hayan realizado entre el 24 y el 30 de septiembre en el estado de Guerrero. Es decir, se conocerán los reportes sobre lo que sucedió antes y después de Ayotzinapa. Dicha información, tenía carácter de reservada.

 Histórica resolución de los comisionados que encabeza Ximena Puente.

¿Podrán los comisionados potosinos seguir el ejemplo de sus pares nacionales?

¿Podrán los comisionados potosinos entender que lo suyo es el interés público y no el del gobierno de Toranzo?

¿Podrán los comisionados hacer algo que no sea ayudar a esconder la información?

Como se podrá apreciar, el Instituto Nacional de Transparencia en apenas una semana, la más reciente, desclasificó información de tres casos que son trascendentales. Tres casos muy importantes en los que se puede contener información delicada, pero a los cuales, tiene derecho de acceso la sociedad.

Imagínese amable lector: le ordenan a la presidencia que muestre los contratos de las obras de ampliación, remodelación y acabados que se realizaron en la residencia oficial de Los Pinos. Obras que por cierto, fueron encargo de Angélica Rivera.

Los comisionados nacionales de Transparencia en pleno toman resoluciones contra la actitud de opacidad del propio presidente de la república y en San Luis Potosí seguimos esperando, después de un año, que se tome una resolución sobre la información pública de gobierno y la empresa alemana BMW.

No hay duda, los comisionados locales o no pasan de timoratos o se pasan de oficiosos con el gobernador. Cualquiera de las dos presunciones es lastimosa, pero lo peor es que sean ambas y a ello se agregue su desfachatez.

El gobierno de Toranzo está por librar 250 millones de pesos más al apoyo de 750 millones que se autorizó el año anterior para las obras a favor de la armadora alemana, lo cual, abre de par en par la sospecha de qué más hay adicional al convenio y sus anexos.

Es la danza de millones de pesos de recursos públicos, pero sucede que los potosinos no podemos conocer esa información porque a los comisionados de “transparencia” no les da la gana hacer nada.

¿Qué se necesitará para que se caigan las telarañas en la CEGAIP?

Vaya Usted a saber, pero es un hecho que las críticas de los interesados en la transparencia y las líneas que se puedan escribir en la prensa, son para las y el comisionado, simples llamadas a misa.

La sospechosa alianza de la CEGAIP con el gobierno de Toranzo

El 21 de junio de 2014, la Secretaría de Desarrollo Económico recibió una solicitud de información que al 17 de agosto de 2015 aún no da respuesta. Mayor muestra de desprecio a la transparencia por parte del gobierno de Fernando Toranzo, no lo puede haber.

El 28 de agosto de 2014, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública recibió un recurso de queja en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico por negar información. A punto de llegar a un año después de haber recibido ese recurso, esa Comisión ¿qué creen?

Cierto, no ha resuelto nada.

¿Quién es mayor enemigo de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública: SEDECO o CEGAIP?

Cierto, ambas.

¿De qué estamos hablando?

Del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Proyecto de la Planta Ensambladora de la BMW en San Luis Potosí, así como de los anexos de dicho convenio.

Esa solicitud de información que data del 21 de junio de 2014 es la que no ha sido resuelta. El gobierno estatal a través de SEDECO algo muy delicado de debe ocultar porque negó la información a partir de la existencia de un acuerdo de reserva de número 014/2014 y 017/2014.

Dicho acuerdo de reserva fue combativo por el peticionario de información y presentó su recurso de queja con fecha 28 de agosto de 2014. Va para un año y la triada de presuntos comisionados de transparencia no lo ha resuelto.

Bueno, no solo no lo han resuelto, sino que en el colmo del cinismo anunciaron vía boletín de prensa que se van a poner a estudiar el expediente. Cualquier semejanza con cualquier burócrata haragán en mera coincidencia.

De la fecha de recepción de la solicitud por parte de SEDECO, su respuesta inmediata que fue negativa y luego, desde que la CEGAIP recibió el recurso de queja ha pasado tanto tiempo que hace sospechar que algo turbio hay.

Decimos turbio, si; algo chueco, torcido, oscuro, dudoso. Si el órgano garante del acceso a la información pública se toma nueve para tomar un  acuerdo y no lo toma; si esa Comisión viola la propia ley y no respeta los plazos para resolver; si la Comisión pidió en su momento a SEDECO información sobre la clasificación de reserva, ésta la entregó y los comisionados no la revisaron durante nueve meses, es que entonces algo sobradamente sospechoso hay detrás.

Que el gobierno oculte la información referente al Convenio con BMW y los anexos técnicos que de éste se desprenden, es entendible, lógico y natural. Si hicieron cosas indebidas, no querrán que nadie lo sepa, al menos por hoy no sino hasta dentro de unos diez años.

Pero que la CEGAIP tome partido por las autoridades y de la espalda a la transparencia, de la cual, por cierto, maman con singular profusión, es algo imperdonable.

Es francamente ridícula la resolución de esa Comisión del pasado once de agosto que refiere a que el expediente clasificado como reservado será objeto de “un estudio pormenorizado por cada uno de los integrantes del pleno”.

Los comisionados y en especial, su presidenta, Yolanda Camacho Zapata traicionan a la sociedad a la que deberían representar, le da la espalda a ciudadanos que reclaman su derecho a saber y en el colmo, se burlan de todos con argumentos tan baladíes como los que han presentado para esconder su irresponsabilidad y negligencia.

Es patético por doquiera que se le vea: estudian de manera pormenorizada o lo que es lo mismo rigurosa y exhaustivamente hasta el cansancio y sin importar días y noches,  un acuerdo sobre un expediente que ya se conoce públicamente, aunque no con carácter oficial.

Tan caricaturesca actuación de los tres comisionados no por cínica es nueva como para sorprender a todos: cuando hace unas semanas se aprobaron las reformas federales en materia de transparencia, Camacho Zapata dijo con más desdoro que tino, que prestos se pondrían a revisar esa reforma y que trabajarían denodada y ampliamente para que en San Luis se baje esa reforma.

¿Adivinen cuantas propuestas legales han presentado ya al Congreso del Estado?

Tal vez ni haga falta, pensarán todos los servidores públicos empezando por Toranzo hasta llegar a lo que parecen ser sus empleados en Himalaya: la ley de San es tan de vanguardia que la reforma federal considera temas en los que San Luis ya ha legislado desde hace años.

Aja.

El problema es que la voluntad, la lealtad a las instituciones, la honestidad frente a la sociedad son cosas que n o se legislan; forman parte de cada persona.

Aunque la mona (legislativa) se vista de seda, mona se queda

La buena imagen de un diputado no necesariamente depende del suntuario gasto anual que realiza el poder legislativo en medios de comunicación. Es decir, Chequera abierta no mata desprestigio. Tampoco compra famas ni construye prestigios que no sean fugaces, mucho menos es suficiente para dotar de simpatía, popularidad e inteligencia al buen pagador. El dinero ayuda, pero no lo es todo.

En su décimo informe de actividades el Consejo Ciudadano de Transparencia, cuya independencia de acción y responsabilidad contrasta con la que ese órgano tuvo cuando lo integraba un cuñado del entonces diputados Jesús Ramírez Stabros y un maestro cómplice del PANAL y el SNTE, hay datos sobradamente sorprendentes que ayudan a conocer el tipo de legisladores que hay en San Luis Potosí.

Que no publican toda la información que de oficio deben publicar por mandato de la Ley de Transparencia, que exista un rezago significativo en la publicación de actas de las Comisiones, que perdure una opacidad notable el contenido de las actas de la Junta de Coordinación Política, que den dinero a manos llenas para quedar bien otros y mucho más, no resulta novedoso.

De hecho, el listado de puntos negros es solo comparable con el demerito acumulado en tres años.

Pero lo realmente trágico es que todo siga igual. Las mismas recomendaciones, observaciones, señalamientos o como se quiera llamar, se le han hecho a la actual y a legislaturas anteriores.

Su capacidad para la simulación es palmaria.

De ese informe destaca por su relevancia el gasto en medios de comunicación. Un gasto que lindó en los 28 millones 387 mil pesos. El promedio de la legislatura casi alcanza los nueve millones de pesos anuales.

Peregrinamente, los diputados, insisto en que igual que sus antecesores, creyeron equivocadamente que si pagan a la prensa para que les den cobertura, eso sería suficiente para aparecer en notas de ocho columnas todos los días.

Han de pensar los diputados que con 28 millones 387 mil pesos comprarse una imagen pública rechinando de limpia.

Tantos millones de pesos para que después de tres años la pequeñez política de los diputados quede intacta. Ninguno demostró nada, ninguno se ganó la confianza de la gente, ninguno se debe sentir orgulloso por haber hecho basura de su presunta representación popular.

Al arranque de esta legislatura, había un padrón de 49 proveedores en los medios de comunicación y tres años después, la cifra creció a cien. Por decirlo de algún modo, compraron cuanto espacio de comunicación fuera y pese a eso su categoría política no se movió un centímetro: dinero público tirado a la basura.

¿Alguien pensará que Crisógono Sánchez ha sido un diputado ejemplar, un diputado que sostuvo su palabra y que defendió a la sociedad?

Solo por citar un ejemplo, pero materialmente todos están cortados con la misma tijera.

Los diputados le pagaron a la prensa el equivalente a lo que la Cruz Roja recaudaría en cinco años con su colecta anual en San Luis Potosí. Así se las gastan los legisladores, así se gastaron un dinero que no era de ellos.

Así compraron espacios en la prensa con la intención de que se les diera un amplio despliegue informativo.

Dos meses de 2012: 2 millones 701 mil 659.24 pesos.

2013: 11 millones 025 mil 167.96 pesos.

2014: 12 millones 699 mil 400 pesos.

Un mes de 2015: 1 millón 966 mil 210 pesos.

Como se podrá apreciar, es un promedio de un millón de pesos mensuales lo que se ha gastado la legislatura en la difícil tarea de hacer interesante los dichos y actos de los legisladores quienes, en todo caso, cuando se ganan la nota del día es, gracias a sus escándalos y excesos, no por algún acierto.

Mal negocio para la sociedad, mantener a políticos mentecatos que se llegan a creer que si los publica la prensa es porque hicieron algo trascendente o dijeron  algo interesante, pero en realidad es porque hay contratos publicitarios gracias a los cuales, se puede publicar cualquier estupidez.

Hace unos años, el abogado José Mario de la Garza Marroquín presentó al Congreso del Estado una iniciativa de ley para regular los gastos de instituciones públicas en medios de comunicación. Si no la lanzaron al bote de la basura los ofendidos diputados, ojala se le pueda rescatar.

¿Y los 561 millones de pesos a dónde fueron a dar doctor?

La Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública son dos instituciones fallidas que no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas. En perjuicio de la sociedad y en contra de la democracia, encubren, solapan, esconden; protegen a una clase política podrida, saqueadora ruin de los recursos públicos.

Los burócratas de esas dos oficinas que más bien parecen anexos de palacio de gobierno, gozan de inmerecidas vacaciones. Andan de ocio y con cartera llena por el deber cumplido, pero el de la complicidad.

Aún tengo alojado en mi correo electrónico un archivo que una fuente de la Auditoría Superior del Estado me hizo llegar en 2010. Se trata de un documento en PDF, es el Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2009 de Gobierno del Estado. Es un documento muy extenso en el que se precisan las observaciones administrativas y financieras por dependencia y entidad pública del Gobierno.

En la correspondiente a la Secretaría de Finanzas, entre las observaciones hechas por la ASE aparece, la correspondiente al Crédito de Mil 500 millones de pesos. Dice: “De acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de 1, 500. 000. 000. 00 es de 561, 976, 384. 40, mismos que no es posible identificar a cuáles ejes estratégicos los aplicó la actual administración de acuerdo al Decreto 819 de autorización”.

Seis años después de que el gobierno de Fernando Toranzo Fernández fue incapaz de aclarar el destino de esa parte del crédito, la ASE, a la sazón, institución fiscalizadora y, la CEGAIP, la institución que debiera defender el derecho a saber y que debiera garantizar la rendición de cuentas, mostraron con sus acciones y decisiones, estar de lado del gobierno y su estrategia secretista.

Eduardo Martínez Benavente inició hace seis años una lucha tenaz, permanente y entusiasta por conocer el destino de esos más de 561 millones de pesos. Pensó que si Marcelo de los Santos no utilizó (tampoco se sabe si debida o indebidamente) todo el crédito, la administración de Toranzo estaría obligada a decir en que gasto el remanente.

Presentó solicitudes de información pública a los entes obligados, lo hizo una y otra vez, litigó contra ellos, ganó juicios de amparo. Se enfrentó al Estado y al final perdió, no porque no le asistiera la razón, sino porque básicamente nuestras instituciones están podridas.

Imagínese: el erario público está endeudado por los próximos 25 0 30 años y los ciudadanos no tenemos derecho a saber por qué. Esto es propio de un Estado autoritario, cerrado, un estado caciquil y corrupto.

Martínez Benavente recibió de la CEGAIP una notificación, es del pasado 16 de julio. En ella, palabras más palabras menos se le informa que el asunto de su petición de información a la ASE está cerrado, que esa institución ya entregó la información requerida y por tanto, asunto terminado.

El acuerdo está firmado por Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, Oscar Alejandro Mendoza García (ex empleado de la Secretaría de Finanzas) y por el supernumerario, Miguel Ángel Ruiz Martínez.

Martínez Benavente, vale la pena aclarar, no recibió la información solicitada, sino una serie de datos inútiles que no relevaban nada sobre su petición original: a todas luces, la intención de la CEGAIP era la de enterrar el tema, sepultarlo bajo una lápida de hormigón.

Y lo lograron.

El mapa para buscar el hilo de la impunidad no es para nada complicado. Oscar Alejandro Mendoza García hoy comisionado de Transparencia era empleado de la Secretaría de Finanzas con Jesús Conde Mejía.

Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo es hija del doctor Roberto Ávalos Carvajal, amigo y compadre del gobernador Fernando Toranzo quien la recomendó ampliamente con los diputados para hacerla comisionada.

Yolanda Camacho Zapata primero fue empleada y luego comisionada y luego presidenta de la CEGAIP gracias a su parentela y a sus apellidos. Sabe más de cabildeo para escalar cargos que de transparencia, eso está probado: logró la presidencia de la Comisión gracias a Cándido Ochoa Rojas, lo que apunta a saber por dónde andan sus lealtades.

Ella se excusó en el colmo del cinismo porque adujo que su parentesco con el titular de la ASE, Jesús Martínez Loredo le impedía conocer la queja de Martínez Benavente contra la ASE. Eso no significa nada en los hechos, como presidenta de la institución impulso con denuedo cerrar el capítulo de los mil 500 millones de pesos.

Antes de Martínez Loredo en la ASE, estaba Héctor Vidente Mayorga Delgado, funcionario de primer nivel en la secretaría de Finanzas en el gobierno de Marcelo de los Santos. El Contador lo recomendó a los diputados para el cargo de auditor y como usted sabrá, nadie podía ni nadie puede decir no al gobernador.

Durante su estancia en la ASE, Mayorga utilizó todos los medios legales y trampas extralegales para negar la información del crédito, lo cual, es natural en tanto que actuaba como empleado del gobernador. Con el cambio de gobierno, Mayorga siguió actuando como empleado del gobernador por conveniencia hasta que salió del cargo.

Luego llegó Martínez Loredo, también ex funcionario de Finanzas, era Tesorero. El gobernador Toranzo lo impulsó para llegar al cargo de auditor y éste ni tardo ni perezoso dio muestras de porque lo pusieron: la cuenta pública 2014 del gobernador tuvo observaciones por apenas diez millones de pesos. Es decir, colocó al gobernador en un altar y no lo ha dejado de adorar por la tanta santidad que le rodea.

Total, seis años después el asunto está legalmente cerrado. La ASE y la CEGAIP se tardaron, pero al final le han rendido buenas cuentas a un gobernador que sospechosamente nunca quiso que se supiera qué destino le dio a 561 millones del crédito de mil 500 millones de pesos de Marcelo.

Es  notable e incontrovertible: En San Luis Potosí, en cuanto a temas de trascendencia que aroma a corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública simplemente no existen.