Numeralia del crimen en tiempos de Toranzo

El corte de caja al final del sexenio Fernando Toranzo en materia de seguridad pública es negativo: deja un estado más violento que el que recibió; un estado con más muertos y más secuestrados.

El doctor Toranzo, ya de triste memoria, gustaba de lanzar la basura al anterior gobierno de Marcelo de los Santos. Cualquier cosa cabía en el basurero marcelista: la deuda pública, el rezago social, la corrupción y por supuesto, la inseguridad. Como infante imberbe, Toranzo acusaba de todo a De Los Santos y negaba hacerse responsable de lo que él hacía o dejaba de hacer.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública referidos a la incidencia delictiva del mes de septiembre,  permiten obtener ya las cifras totales de los delitos alto impacto, denunciados ante la Procuraduría General de Justicia en el período de septiembre de 2009 a septiembre de 2015.

Gracias a esos datos, ya se puede confirmar que el sexenio de Fernando Toranzo Fernández ha sido el más violento desde que el gobierno federal empezó a contabilizar la actividad delincuencial, esto es, con datos a partir de 1997.

El gobierno de Toranzo fue un rotundo fracaso en cuanto a la estrategia seguida para combatir y prevenir la delincuencia.

Durante la administración 2009-2015 se denunciaron ante el Ministerio Público 200 mil 0463 delitos.

Con Toranzo, hubo Mil 915 ejecutados.

Con Toranzo, secuestraron a 116 personas.

Con Toranzo, los delincuentes se robaron Nueve mil 905 vehículos.

Con Toranzo, 924 potosinos fueron víctimas de extorsión.

El saldo es más que lamentable, muestra la ineficacia de un gobierno que le dedicó tiempo completo a hacerle de plañidera en vez de comportarse a la altura.

Y se trata de cifras oficiales, mismas de las que se puede dudar, pues por ejemplo,  en el caso del secuestro y la extorsión, organizaciones como Alto al Secuestro y México Evalúa, estiman que por cada secuestro denunciado hay una cifra negra de diez que no se denuncian; en el delito de extorsión por ahí va la cosa.

El fracasado Toranzo en su primer mes de gobierno, recibió 44 mil 522 denuncias por delitos del fuero común, mientras que el último año de gobierno de Marcelo de los Santos sumó 36 mil 915 denuncias. Es decir, nada más inició el gobierno de Toranzo y los delitos repuntaron.

Al final del sexenio, Toranzo presumía y lanzaba a los cuatro vientos el canto de victoria de una reducción de la incidencia delictiva en 75 por ciento. Razón no le faltó, pero el problema es que esa reducción resultaba de compararse consigo mismo.

De haberse comparado con la administración anterior, Toranzo habría salido reprobado, puesto que, por ejemplo, en el gobierno de De Los Santos hubo apenas 16 secuestros y con Toranzo 116.

En el gobierno de Toranzo se cometieron 871 ejecuciones más que en la gestión anterior cuando hubo registro de Mil 004 homicidios dolosos.

Pero adivine a quién responsabilizó Toranzo, pues a su antecesor, pues dijo que le dejo un estado entregado a manos de los delincuentes. Así era de irresponsable y frívolo el doctor.

Ojala que el nuevo doctor encargado del gobierno no resulte igual…o peor.

Decálogo para ingenuos

No Robes, No Extorsiones, No Abuses de la Autoridad, No Traiciones, No Grilles, Sé Transparente y Rinde Cuentas, Sirve y no Te Sirvas del Pueblo, Cumple y Haz Cumplir la Ley, Sé Eficaz y Eficiente, Sé Confiable y Leal.

Este es el decálogo de gobierno en la Delegación Cuauhtémoc en la ciudad de México, pero también lo puede ser para cualquier ayuntamiento de San Luis Potosí y si le parece bien, hasta lo puede tomar el gobernador Carreras.

¿Lo haría, usted cree amable lector, que el gobernador Carreras haría propio ese decálogo o que incluso, lo perfeccionaría para poner amarres a la corrupción?

Esa pregunta de hecho hasta puede resultar incidental, puesto que bien mirado, mamotretos como ese decálogo no deberían siquiera existir.

A nadie le debería llamar la atención que un gobernante difunda esa suerte de mandamientos para los servidores públicos, en tanto que se supone que los primeros en respetar la ley deberían ser los servidores públicos.

Marcelo de los Santos protesto cumplir la ley y hacerla cumplir y lo mismo hizo Fernando Toranzo Fernández, pero ahora nos enteramos que la deuda pública estatal es de 22 mil 533 millones de pesos. Otro que hace apenas unas semanas también protestó cumplir y  hacer cumplir la ley y que si así no lo hiciere, pues entonces que el pueblo se lo demande, juzgo que es “normal” ese endeudamiento.

Hay tantos abusos, tropelías, simulación, engaño, mentira y deslealtad en la administración pública que es noticia de primera plana que un gobernante presente su tres de tres o que promulgue un decálogo como el de Ricardo Monreal.

Está tan desacreditada la función pública y los servidores públicos junto con los gobiernos e instituciones de todos los niveles que es necesario jurar que “nos vamos a portar bien” y el que no se porte bien “de regreso a su casa”. Rendir protesta para ejercer un cargo de elección o designación, no debería ser un acto protocolario sino un acto en el que el servidor público se compromete a actuar bien.

Resulta accesorio que a un servidor público que asume un cargo se le pida que no robe, que no tuerza la ley, que no abuse, que no traicione a la sociedad. Cualquier funcionario debería tener eso por entendido, pero no es así.

La realidad nos dice que un funcionario público ve en un cargo público la oportunidad para enriquecerse y ganar poder, sino para más señas está el caso de Arturo Escobar, el subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y ex vocero del Verde: nunca ha trabajado, pero tiene una residencia de cinco millones de dólares en Estados Unidos.

No robes o lo que es lo mismo, no caigas en peculado, se exhorta al servidor público, pero la respuesta a esa conseja es categórica y tajante puesto que se ha nutrido de nuestra tradición política nacional: el que no roba o tranza, no avanza.

Me pregunto: ¿Por qué debemos pedir transparencia a un gobierno o servidor público si en todo caso, la ley ya lo obliga?

Se le exhorta a que sea transparente porque sabemos que no lo es, verbigracia: Juan Manuel Carreras López, bien o mal, ha difundido sus tres declaraciones, la patrimonial, la de impuestos y la de intereses, pero resulta que en el gobierno estatal solamente él lo hizo.

¿Es necesario que los exhorte a todos a que repliquen lo que él hizo?

No, no debiera ser así. Cada colaborador del gobernador debió seguir el ejemplo voluntaria y oportunamente, pero no lo hacen porque para ellos eso es por completo innecesario.

Cualquiera estaría de acuerdo con medidas que se propongan e implementen respecto del urgente cambio de actitud y conducta de los servidores públicos, pero el hecho de que la primera iniciativa de ley del ejecutivo sea la del sistema estatal Anticorrupción, es porque las cosas están peor de lo que uno se puede imaginar.

Si en un gobierno no se puede controlar a los servidores públicos sino mediante decretos y leyes, es porque se trata de personas que no merecen estar en la administración pública por no contar con los más elementales principios éticos y el más mínimo sentido de responsabilidad.

Los ahora ex diputados hace un mes se fueron del Congreso y se sirvieron con la cuchara grande, el ax alcalde de la ciudad, Mario García dejo las arcas municipales vacías y la casa hipotecada, pero al parecer duerme tranquilamente sabedor de que el sistema de impunidad en México es lo único que permanece intocado.

De hecho, la mayor parte de presidentes municipales dejaron sus administraciones en la penuria porque hicieron lo que no se debe de hacer, es decir, no robar, no engañar, no extorsionar, no traicionar.

Si la fiscalía anticorrupción propuesta por el gobernador Carreras va en serio y se le permite actuar, entonces no habrá cárcel suficiente para poner a los malos servidores públicos. Esa es una realidad.

De cualquier modo hay que ver las cosas son escepticismo y reserva, pues desafortunadamente tenemos las mejores leyes, los mejores reglamentos y las mejores intenciones, pero a la hora de los hechos no se aplican o no funcionan.

Y como la ley no funciona, es por eso que luego se recurre a ponernos en manos de la fe y creamos decálogos como el de Ricardo Monreal y al final, todo es propaganda y la vida sigue igual: si no aceitamos la maquinaria de la corrupción entonces nada funciona.

Quizá la respuesta está en algo que no deja de ser una ilusión, una utopía: que nuestros gobernantes y servidores públicos sean buenas personas, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos jefes, buenos padres.

Es tan complicado eso, que más sencillo sería elaborar un decálogo de las malas artes, en eso hasta diez preceptos se nos quedan cortos.

La policía en el nuevo sexenio

El viernes nueve de octubre fue la primera manifestación de protesta contra el gobierno de Juan Manuel Carreras y la hicieron servidores públicos. Las protestas, marchas, plantones, sean muchas o pocas, airadas o violentas, enérgicas o serenas, estarán relacionadas con la capacidad que tenga Carreras de operar un buen gobierno. Si hay un buen gobierno, las posibilidades de protesta se reducen, si hay un buen gobierno, la beligerancia se hace a un lado. Gobernar bien no es poca cosa y las protestas serán una de las varas que midan el tamaño del gobernador.

Fresco está en la memoria colectiva el sexenio anterior que tenía protestas un día y al siguiente también. El desdén gubernamental a los reclamos sociales provocó un sentimiento de irritación que se generalizó. Las cosas ni se atendían ni se resolvían y lo único que quedaba era la protesta pública.

Solo trece días pasaron para que la plaza de Armas recibiese a los primeros manifestantes del sexenio y eso no le gustó nada a la gente del gobernador. Vieron esa manifestación como un atentado a la luna de miel que sigue viviendo Carreras con la gubernatura.

Digamos que no eran muchos sino más bien pocos, pero un policía en protesta siempre es noticia  porque su palabra adquiere tono de denuncia de lo prohibido. Un policía que forma parte del aparato coercitivo del estado siempre tiene algo interesante que decir acerca de cómo se ejerce esa fuerza pública que posee el Estado.

Una hora en la plaza hasta que personal de la Secretaría General de Gobierno los convenció de ingresar a palacio. Una hora en la que los agentes policíacos denunciaron y exigieron. Una hora fue suficiente para que a su paso a su despacho en palacio, Carreras los viera y no le dejaran otra salida que ordenase que les dieran atención.

La ex diputada Marianela Villanueva dio muestra de su pobreza política y su nula habilidad para atender problemas y no dio pie con bola. Lastimosamente hacía que hacía, pero en los hechos no hacía nada. No se burlaron de ella por decoro.

Esta, la primera manifestación de protesta contra el gobernador Carreras fue pacífica y sin consignas ni tumultos ni panfletos. Fue de denuncia directa en contra de una decisión del gobernador: la designación de Arturo Gutiérrez García como secretario de Seguridad Pública.

Sacaron a colación otros asuntos que aunque les competen a todos los policías, son de menor trascendencia ante lo fundamental que es el manejo del aparato policíaco y todo lo que hay detrás de eso.

El hecho de que el militar ahora vestido de azul se haya traído a la tropa tamaulipeca no le gustó a nadie en la policíaca y a la sociedad tampoco debería agradarle nada. Gutiérrez García llegó a San Luis Potosí y dejó el rancho ardiendo en Tamaulipas, uno de los estados más violentos e inseguros del país.

Esto es lo que más debería preocupar a la sociedad: quien viene a garantizar la seguridad pública ha fracasado en el mismo propósito en otra entidad vecina. Nada para alegrarse, por supuesto.

Pero a nadie le gusta que un extraño venga y no solo se meta hasta la cocina sino que se apropie de la casa. El centenar de colaboradores que llegaron necesariamente desplazaron a otros, y por cierto, no a todos los que se fueron. El asunto es muy delicado porque una policía en conflicto suele dañar a la sociedad.

El fenómeno no es nuevo, se presenta cíclicamente con el cambio de una administración a otra o con el cambio de mandos de primer nivel. La estructura de poder policíaca es muy compleja y cada engranaje tiene sus propios intereses. A estas alturas no hay iluso que crea que el único interés de la policía es servir a la sociedad.

En las últimas administraciones los problemas al interior del aparato de seguridad han provocado violencia, denuncias de corrupción, la violación de derechos humanos, la filtración de información sobre malos manejos y mucho más. Los jefes de la policía, empezando por el ciudadano secretario, se vuelven tan poderosos que creen que son intocables, aunque paradójicamente, los primeros que los descobijan son sus subalternos.

Por ello, es muy importante la manifestación de policías del pasado viernes, la primera protesta contra el gobernador desde su toma de posesión. Sería indeseable que entre los jefes de seguridad designados y los elementos del orden existan diferencias sustantivas, pues ese es el primer paso para que las cosas no salgan bien.

Se requiere de una policía eficiente, comprometida, que garantice la seguridad de los ciudadanos. Se necesita de policías honestos y solidarios con los ciudadanos, una policía que eluda la tentación a caer en actos de corrupción. Pero eso se necesita más en los niveles de arriba.

La llegada de Arturo Gutiérrez García ha sido recibida con mesura e incertidumbre en la sociedad, pero al interior del aparato de la Secretaría, la recepción fue fría y distante porque el militar, como lo hacen éstos, se apropió de la Secretaría como si fuera suya y no una institución pública. Es su cuartel.

Así son los militares, para ellos, es su tropa, sus órdenes, su palabra. Eso está a unos centímetros de la intolerancia.

Habrá que prestar atención a la estrategia que se siga en materia de seguridad: el riesgo de las violaciones a los derechos humanos está latente.

No todo lo que brilla es oro

Hay gobernador nuevo, presidentes municipales nuevos, diputados locales nuevos, diputados federales nuevos, regidores nuevos, síndicos nuevos. Todo apuntaría a que un nuevo tiempo empieza para San Luis Potosí.

Todos ellos, han profesado amor y compromiso por San Luis. A su manera, en su momento y en cada una de esas posiciones, dijeron que empiezan nuevos tiempos para todos, en municipios y comunidades, en todo el estado, en las ciudades y colonias.

Se pensaría que por fin estamos a las puertas de una era de prosperidad, desarrollo y felicidad.

Todos ellos, todos los que están estrenando cargos y posiciones de poder, en sus primeros mensajes hablaron de ir contra la corrupción, de no tolerar a los corruptos e ineficientes.

Todos ellos, hablaron de su notable compromiso con los ciudadanos más pobres, con los olvidados, con los que menos tienen y ofrecieron atenderlos con oportunidad y eficiencia. La lucha contra la pobreza va en serio, dijeron.

Todos ellos hablaron de servir a la sociedad porque solamente a ella obedecen, por la sociedad se ocupan y se preocupan las 24 horas del día.

Todos ellos hablaron de hacer un esfuerzo conjunto y solidario para que, los tres poderes de gobierno, hagan de San Luis un estado con mayor equidad y justicia social.

No se diga en tratándose de procuración de justicia, hablaron de desterrar la impunidad, de aplicar todo el peso de la ley con la consabida advertencia del “caiga quien caiga” y aventuraron que a los potosinos no les agradan los servidores público “y a mí tampoco” Juan Manuel Carreras dixit.

Todo es nuevo en la administración pública potosina y hasta se diría que todo es distinto, hasta el amanecer es más luminoso y la felicidad se refleja en el rostro de todos, ha renacido la esperanza y ha vuelto a florecer la ilusión de tener una mejor ciudad, una colonia más digna, un ejido más productivo, una comunidad menos olvidada y tener más oportunidades de empleo, mejores salarios, una mejor vivienda, mejores servicios de salud.

Es que como hay funcionarios nuevos hay que creer que ahora si son la solución, que los de ahora si serán cumplidores y que no fallarán estrepitosamente como los que se fueron. Que los nuevos no van a simular ni a engañar, que los nuevos no se van a llevar el dinero, que no van a desviar el presupuesto.

Como hay gobiernos nuevos y legisladores nuevos, hay que darle razones a la esperanza de que ahora sí, los que vienen no se van a servir de los cargos, que se erradicara el conflicto de intereses y los aviadores. Que los nuevos funcionarios no se van a echar a la bola los recursos de los Ramos 28 y 33, que no van a realizar licitaciones amañadas o que van a eliminar las adjudicaciones y compras directas que antes beneficiaban a los cuates.

La verdad es que no todo lo que brilla es oro así como tampoco todo lo que hiede es estiércol. Que sean nuevos funcionarios, nuevos gobiernos, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos planes…eso en San Luis Potosí no garantiza absolutamente nada.

Como todo es nuevo, Juan Manuel Carreras hasta trabajó el domingo y la prensa lo festejó como si hubiera realizado una proeza. El alcalde capitalino, Ricardo Gallardo llegó a sus oficinas a las siete de la mañana y causó azoro. Lo mismo ocurrió en la mayoría de palacios municipales, es el gozo por conocer a que sabe el poder.

Basta revisar los discursos de las nuevas autoridades tanto del estado como de los municipios para  darnos cuenta de que se promete sin ton ni son, se promete todo sin saber que se puede cumplir y qué está fuera de las posibilidades. El asunto es decir que voy a hacer, que vamos a hacer, ya después veremos qué pasa.