El siete de junio pasado
además de haber sido día electoral, también fue el Día de la Libertad de
Expresión. El tsunami de información electoral sepultó cualquier otro tema, en
especial el relacionado con esa noble garantía constitucional y que da razón de
ser al periodismo.
Pasada la elección,
instituciones públicas, servidores públicos, políticos y tal, se pusieron a
festejar a los periodistas de San Luis Potosí, se entregó el Premio Estatal de
Periodismo y hubo desayunos, discursos y demás parafernalia que distingue a la
clase política y gobernante cuando se trata de quedar bien con la prensa.
Así por ejemplo, un grupo de
periodistas montaron en cólera en contra del Jurado del Premio Estatal de
Periodismo por haber galardonado con el primer lugar a una fotografía que, a su
decir y entender, no tenía mayor mérito pues la podría haber realizado
cualquiera.
La comunidad reporteril
potosina que en muchas ocasiones semeja a una horda de iracundos sedientos de
matar a periodicazos al que se le ponga en frente, se lanzó contra el ganador
del premio de Fotografía y lo exhibió con rotundidad y desdoro en las redes sociales,
en las pláticas de banqueta o en los corrillos del café.
Como se dice vulgarmente: se
lo masticaron, digirieron y luego lo patearon.
Claro, el objetivo no era
él, el ganador, sino el Jurado tan ignorante, chapucero e insensible.
Sergio Vega ganó, eso fue lo
que caló, que ganara un joven estudiante de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UASLP, casi un periodista ciudadano con su propio blog y
colaborador de algunos medios.
Ese tipo de situaciones son
las que nos llenan de oprobio. Al menos a mí, que soy poco menos que nada entre
los periodistas de San Luis Potosí, me avergüenza, pero también me entristece y
asusta.
Valga la anécdota para
entrar al tema de este espacio. Como decía, la Libertad de Expresión así como
el Derecho de Acceso a la Información Pública no solo están consagradas en la
Constitución y forman parte de las Garantías Universales de la Organización de
Naciones Unidas y están protegidas en múltiples tratados internacionales y
convenios entre instituciones en México.
Se goza de esas libertades,
es decir a expresarse y estar bien informado, porque la propia Ley ordena a las
autoridades a que respeten y hagan valer esos derechos en contra de quien o
quienes se les opongan. O sea, el Estado está obligado a garantizar la Libertad
de Expresión y el Derecho de Acceso a la Información Pública.
Pues bien, esas libertades y
el derecho de todos a saber, enfrenta ahora una amenaza proveniente de un
sector muy poderoso de San Luis Potosí, el de los especuladores del suelo.
Sintetizo.
Victoriano Martínez Guzmán,
creador y director del portal de noticias especializadas en Transparencia y
Derecho de Acceso a la Información publicó una lista de los presuntos morosos
que tienen años con adeudos al ayuntamiento capitalino respecto del impuesto
predial.
La información fue
solicitada vía INFOMEX. A la petición, el ayuntamiento respondió con la entrega
de la información y luego entonces, se publicó por ser de interés público.
La información incluida en
un documento oficial del ayuntamiento reunió todos los requisitos de veracidad
en tanto que provenía de una fuente institucional y confiable.
Un periodista cuando tiene
información obtenida por medio del ejercicio de la Ley de Transparencia, lo que
hace es utilizarla y la comparte al publicarla, pues es rasgo característico
del periodista publicar datos de interés general que contribuyan a que la
sociedad esté bien informada.
Martínez Guzmán publicó en
proyectotabano.com un artículo y lo respaldó con vínculos electrónicos a los
documentos que hacían la noticia allá por febrero de 2014.
Gracias a lo publicado por
tan notable periodista, supimos que el ayuntamiento tenía hasta ese momento un listado de morosos del
impuesto predial de 80 mil 916 deudores, entre los que destacaban grandes e
importantes empresas, servidores públicos, políticos y más.
Algunos periodistas,
incluido el que aquí escribe, así como medios de comunicación le dieron secuela
a lo publicado por proyectotabano.com puesto que a todas luces se trataba de un
tema no solo inédito y novedoso, sino de claro interés público y de interés periodístico.
Ahora, Martínez Guzmán está
demandado y enfrenta una querella por presunto daño moral ocasionado a una
empresa inmobiliaria que apareció en la lista de deudores. La empresa es Peña
Blanca, el demandante es Carlos Gerardo López Medina y el abogado demandante es
Gustavo Barrera López.
Parece inaudito, pero es
cierto: la parte demandante exige al juez de la cusa que ordene la clausura
definitiva del portal de proyectotabano.com y que se indemnice a la empresa por
daños y perjuicios.
Es decir, en el como del
descaro, que le paguen a la empresa por no pagar el impuesto predial. Si
apareció en la lista de morosos entregada por el ayuntamiento, no es porque
Peña Blanca sea un modelo en el cumplimiento de sus obligaciones.
Aún estamos en el mes de la
Libertad de Expresión y cuando podríamos pensar que en San Luis Potosí se
avanza y se robustece el Derecho de Acceso a la Información y que se ejerce la
Libertad de Expresión sin cortapisas, nos damos cuenta de que no es así, que
eso sigue siendo un anhelo.
¿Por cierto, donde están los
que reñían por la entrega de un premio?
Cuando realmente hay que
solidarizarse y apoyar a un periodista, nadie está cerca, eso es lo que ocurre
casi siempre en San Luis Potosí.
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