Los
colaboradores del gobernador han comparecido ante el Congreso del Estado con
ocasión del penúltimo informe torancista. Esto, en un entorno donde la separación
de poderes es base fundamental de la democracia, supondría un acto puro de
rendición de cuentas. Lamentablemente no es así.
Los
secretarios y demás colaboradores del gobernador acudieron con los diputados y
en prolongadas reuniones se simuló pasar a revisión al gobernador Toranzo en su
quinto año de ejercicio en el poder público.
Se
ha pretendido hacer creer que la comparecencia de funcionarios públicos tras un
informe gubernamental es algo que abona a la transparencia y que con ello, el
Estado satisface el derecho de los ciudadanos a saber.
Llega tal o cual secretario al Congreso, los
diputados lo reciben, se saludan, se sonríen y se alistan como quien subirá al
entramado de una obra de teatro. En el Congreso no hay espacio para asesores,
secretarios particulares, colaboradores. Diputados y funcionarios reunidos en
un solo lugar con su séquito de aduladores.
Se
presentan y dicen adelante, vamos a iniciar y en ese momento, se llegan a creer
que están actuando con transparencia y que ellos sí rinden cuentas. Se muestran
exaltados y exhiben sus presentaciones, sus números, sus estadísticas y su
retórica para decir que todo va bien.
Unos
preguntan, opinan, critican o exponen juicios y otros contestan lo que quieren
o simplemente evaden. Para todo hay respuestas aunque éstas no lleven a nada,
pero en la medida en que transcurre la comparecencia, el funcionario se cree
que ha hecho lo mejor y el diputado también, total, es el protocolo.
Vil
simulación entre dos instituciones, la del Ejecutivo y el Legislativo.
Que
un diputado le pregunte algo al Procurador o al Secretario General de Gobierno
y que éstos contesten con la mayor sinceridad posible, no hace la rendición de
cuentas.
Rendición
de cuentas tiene que ver con esto: “Los gobernantes deben abrirse a la
inspección pública; deben explicar y justificar sus actos y deben estar
supeditados a las sanciones en caso de incurrir en falta o ilegalidad”.
Para
ello, agrega Andreas Schedler en un artículo de los Cuadernos de Transparencia
del IFAI: “las democracias ponen en marcha instituciones, procedimientos y
leyes que van desde el Acceso a la Información en manos del gobierno por parte
de los ciudadanos, hasta la remoción de los gobernantes mediante el voto”.
Y
agrega: “La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y
la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero
también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente
de justificar el ejercicio del poder”.
Es
aquí donde está la clave. Se reporta escuetamente lo que se hace desde el
gobierno sin explicación alguna. Todo se limita a la palabrería del funcionario
y al silencio cómplice del legislador.
Es
decir, el ejecutivo a través de sus colaboradores, tiene la obligación de
proporcionar datos sin que se los pidan, acerca del ejercicio del poder
público.
Lo
que ha habido frente a ello en la actual administración, es una actitud
inamovible en favor del secretismo, el ocultismo y la opacidad.
Ni
el informe “ciudadano” de gobierno, ni la comparecencia de funcionarios
públicos ante los diputados e incluso la poco probable comparecencia del
gobernador en el Congreso pueden ser catalogados como actos de rendición de
cuentas, pues ésta va en favor del ciudadano y no de unos cuantos diputados que
dicen ser representantes populares.
Rendir
cuentas a la sociedad como lo establece la Constitución, tiene que ver con el
conocimiento pleno de los ciudadanos acerca de la toma de decisiones de sus
gobernantes, de cómo y en qué se utilizan los recursos públicos.
Hace
unas semanas, con motivo de la
inauguración de un Seminario de Transparencia Judicial, el ministro presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza dijo algo que
conviene deberían saber el gobernador y los diputados tras el informe y las
comparecencias.
“La
opacidad en la actuación de los poderes públicos es el germen de la
desconfianza ciudadana y el incentivo más perverso para el ejercicio indebido
de las atribuciones que les confieren a los órganos del Estado”.
Y
subraya: “Un auténtico Estado democrático de derecho exige no solo la celebración periódica de
elecciones libres y competitivas, sino que reclama que el Poder Público actúe
de cara a los ciudadanos”.
A
Héctor Rodríguez, quien en el papel es el encargado por el gobernador de llevar
los asuntos del campo, le preguntaron sobre los negocios de uno de los hijos
del ejecutivo en materia de invernaderos y de cómo, con recursos públicos vía
crédito, ha echado a andar su empresa.
El
funcionario dijo no saber nada y después dijeron que en los padrones de
beneficiarios del gobierno no estaba el hijo del gobernador. Eso no es ejercer
el poder de cada a los ciudadanos.
A
los colaboradores del gobernador les hicieron muchas preguntas, unas agudas y
otras tan babosas como oficiosas, otras hirientes y provocadoras, pero en todo
caso, a poco contestaron, pues de lo que se trató no fue de rendir cuentas sino
de simular con palabras y datos, en nada verificables.
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