Hace unos meses cuando
Martín Toranzo Fernández afirmó que en el estado había vicegobernador, que la
impunidad reinaba sobre la justicia y que en términos generales, había vacío de
poder en el gobierno de su hermano Fernando, se pudo pensar que la fallida
administración del doctor priista no podía caer más bajo, que no se podría
pudrir más de lo que mostraba en esos momentos.
Pero resulta que no, que el
gobierno de Toranzo tiene una capacidad inagotable para generar escándalos e
indignación.
Podrido hasta las entrañas,
al gobierno de Toranzo no le ha sido suficiente con tener a su hijo y nuera de
inquilinos en la Casa de Gobernadores, no ha sido suficiente regalar bases a
sus guaruras, no ha sido suficiente mover influencias para que se abran las
puertas de los créditos a su familia para convertirse en súbitos agricultores
de invernaderos.
No ha sido suficiente el
fétido affaire de su hermano Martín que presentó denuncia penal contra sus
enemigos en el gobierno.
No ha sido suficiente con el
uso discrecional de los recursos públicos con fines familiares ni tampoco la
manifiesta intolerancia del ejecutivo frente a los críticos y opositores.
Acostumbrados los potosinos
a un gobierno de medio pelo, de media tabla, de mediocre actuar, llegaríamos a
pensar que el gobierno cerca de su final se iría con la misma grisura del
sexenio, sin embargo, hay un empeño por demostrar que el cabús que va en picada
aún no encuentra final.
El nuevo episodio de
escándalo mayúsculo es el protagonizado por el ahora ex director de Seguridad
Pública del Estado, José Luis Urban Ocampo, un policía mal policía, en el
sentido ético, por supuesto.
No era su primer acto de
abuso, pero incluso el timorato gobernador entendió que ya no se le podía
tolerar uno más y lo despidió.
El caso es para poner a
temblar a cualquiera: en complicidad con Juan Manuel Velásquez, candidato del
PAN a la presidencia municipal de Graciano Sánchez, urdieron la estratagema de
utilizar a los medios de comunicación con el propósito de armar conflicto
político en esa municipalidad.
Es decir, el jefe de la
policía estatal azuzando a un candidato a cometer delitos.
En una rueda de prensa, el
candidato del PAN lanzó acusaciones contra autoridades de Soledad y Héctor
Mendizábal Pérez, presidente estatal del PAN dio como un hecho de que el crimen
organizado está más que presente en Soledad, en algo así como una alianza con
el PRD.
Los lineamientos de los
contenidos discursivos de los panistas en esa denuncia fueron sugeridos por el
encargado de la policía en el estado. Parece una broma de mal gusto, pero no lo
es.
Una filtración interesada en
la contienda electoral, hizo llegar al periódico Pulso el audio de las
conversaciones telefónica entre Urban y Velásquez, con lo cual estalló el
escándalo.
Fue cuestión de horas la
caída de Urban y de su jefe, el Secretario de Seguridad Pública, Joel Melgar
Arredondo. La intromisión en el proceso electoral queda ahí como ejemplo de
que, desde el gobierno, se pueden hacer muchas cosas y que, salvo en casos
excepcionales, se llega a saber algo.
En este caso, la filtración
de audios permitió poner un alto a una estrategia político- policíaca para
desestabilizar el proceso electoral, al menos en Soledad de Graciano Sánchez.
En ese sentido, sería
intolerable que la única sanción para Urban y Melgar sea la del despido y la
renuncia, eso no significa nada ante la dimensión de los actos cometidos en
perjuicio de las elecciones en curso.
El gobernador Toranzo tiene
tan poca fuerza política y fuerza moral como para impulsar una sanción legal y
ejemplar para esos malos policías. Se anunció que se iniciaría una
investigación, pero es, sin duda, un gran chiste.
El tema no se queda ahí.
El tema que subyace y para
nada es secundario, es el hecho de que en San Luis Potosí alguien está
realizando grabaciones de las conversaciones telefónicas de los ciudadanos, lo
cual es una aberración, un acto ilegal y un abuso brutal. En un estado de
derecho eso no debería ocurrir.
Para realizar actos de
espionaje se requiere de tecnología y de recursos, pero además, de una
intención de invadir la intimidad de los demás. No cualquiera puede colgarse de
los alambres para escuchar. Eso lo hace el propio gobierno a través de sus
instancias de seguridad. De hecho, la Procuraduría General de Justicia ha
adquirido equipos para hacerlo.
Es decir, hay posibilidades
reales de que las filtraciones sobre las conversaciones de Urban y Velázquez
hayan salido de la propia Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad.
La otra arista del asunto,
es quién o quienes estarían interesados en filtrar esas conversaciones, con
autorización de quién o quiénes, con qué propósito e incluso, porque Pulso las
publica y no le aclara a los lectores la forma en cómo le llegaron esas
filtraciones.
En estos casos, el interés
público no es argumento o explicación suficientes. Se utilizó intencionadamente
un producto resultado de un acto de ilegalidad y eso es necesariamente algo que
pone las cosas bajo sospecha.
Probablemente el caso se
vaya a cerrar y como en muchas otras ocasiones, como ha sucedido en el gobierno
de Toranzo, lo que va a imperar es la impunidad, pero vale la pena preguntarse
si la administración torancista ya se acabó de pudrir o aún le quedan más
purulencias por explotar.
Como sea, la contribución de
Toranzo para que el PRI pierda las elecciones de junio próximo es cada vez más
grande. No hay mayor punto negativo para el tricolor que el gobierno de
Toranzo, lo cual, seguramente tiene más que preocupados a Camacho y compañía.
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