Decálogo para ingenuos

No Robes, No Extorsiones, No Abuses de la Autoridad, No Traiciones, No Grilles, Sé Transparente y Rinde Cuentas, Sirve y no Te Sirvas del Pueblo, Cumple y Haz Cumplir la Ley, Sé Eficaz y Eficiente, Sé Confiable y Leal.

Este es el decálogo de gobierno en la Delegación Cuauhtémoc en la ciudad de México, pero también lo puede ser para cualquier ayuntamiento de San Luis Potosí y si le parece bien, hasta lo puede tomar el gobernador Carreras.

¿Lo haría, usted cree amable lector, que el gobernador Carreras haría propio ese decálogo o que incluso, lo perfeccionaría para poner amarres a la corrupción?

Esa pregunta de hecho hasta puede resultar incidental, puesto que bien mirado, mamotretos como ese decálogo no deberían siquiera existir.

A nadie le debería llamar la atención que un gobernante difunda esa suerte de mandamientos para los servidores públicos, en tanto que se supone que los primeros en respetar la ley deberían ser los servidores públicos.

Marcelo de los Santos protesto cumplir la ley y hacerla cumplir y lo mismo hizo Fernando Toranzo Fernández, pero ahora nos enteramos que la deuda pública estatal es de 22 mil 533 millones de pesos. Otro que hace apenas unas semanas también protestó cumplir y  hacer cumplir la ley y que si así no lo hiciere, pues entonces que el pueblo se lo demande, juzgo que es “normal” ese endeudamiento.

Hay tantos abusos, tropelías, simulación, engaño, mentira y deslealtad en la administración pública que es noticia de primera plana que un gobernante presente su tres de tres o que promulgue un decálogo como el de Ricardo Monreal.

Está tan desacreditada la función pública y los servidores públicos junto con los gobiernos e instituciones de todos los niveles que es necesario jurar que “nos vamos a portar bien” y el que no se porte bien “de regreso a su casa”. Rendir protesta para ejercer un cargo de elección o designación, no debería ser un acto protocolario sino un acto en el que el servidor público se compromete a actuar bien.

Resulta accesorio que a un servidor público que asume un cargo se le pida que no robe, que no tuerza la ley, que no abuse, que no traicione a la sociedad. Cualquier funcionario debería tener eso por entendido, pero no es así.

La realidad nos dice que un funcionario público ve en un cargo público la oportunidad para enriquecerse y ganar poder, sino para más señas está el caso de Arturo Escobar, el subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y ex vocero del Verde: nunca ha trabajado, pero tiene una residencia de cinco millones de dólares en Estados Unidos.

No robes o lo que es lo mismo, no caigas en peculado, se exhorta al servidor público, pero la respuesta a esa conseja es categórica y tajante puesto que se ha nutrido de nuestra tradición política nacional: el que no roba o tranza, no avanza.

Me pregunto: ¿Por qué debemos pedir transparencia a un gobierno o servidor público si en todo caso, la ley ya lo obliga?

Se le exhorta a que sea transparente porque sabemos que no lo es, verbigracia: Juan Manuel Carreras López, bien o mal, ha difundido sus tres declaraciones, la patrimonial, la de impuestos y la de intereses, pero resulta que en el gobierno estatal solamente él lo hizo.

¿Es necesario que los exhorte a todos a que repliquen lo que él hizo?

No, no debiera ser así. Cada colaborador del gobernador debió seguir el ejemplo voluntaria y oportunamente, pero no lo hacen porque para ellos eso es por completo innecesario.

Cualquiera estaría de acuerdo con medidas que se propongan e implementen respecto del urgente cambio de actitud y conducta de los servidores públicos, pero el hecho de que la primera iniciativa de ley del ejecutivo sea la del sistema estatal Anticorrupción, es porque las cosas están peor de lo que uno se puede imaginar.

Si en un gobierno no se puede controlar a los servidores públicos sino mediante decretos y leyes, es porque se trata de personas que no merecen estar en la administración pública por no contar con los más elementales principios éticos y el más mínimo sentido de responsabilidad.

Los ahora ex diputados hace un mes se fueron del Congreso y se sirvieron con la cuchara grande, el ax alcalde de la ciudad, Mario García dejo las arcas municipales vacías y la casa hipotecada, pero al parecer duerme tranquilamente sabedor de que el sistema de impunidad en México es lo único que permanece intocado.

De hecho, la mayor parte de presidentes municipales dejaron sus administraciones en la penuria porque hicieron lo que no se debe de hacer, es decir, no robar, no engañar, no extorsionar, no traicionar.

Si la fiscalía anticorrupción propuesta por el gobernador Carreras va en serio y se le permite actuar, entonces no habrá cárcel suficiente para poner a los malos servidores públicos. Esa es una realidad.

De cualquier modo hay que ver las cosas son escepticismo y reserva, pues desafortunadamente tenemos las mejores leyes, los mejores reglamentos y las mejores intenciones, pero a la hora de los hechos no se aplican o no funcionan.

Y como la ley no funciona, es por eso que luego se recurre a ponernos en manos de la fe y creamos decálogos como el de Ricardo Monreal y al final, todo es propaganda y la vida sigue igual: si no aceitamos la maquinaria de la corrupción entonces nada funciona.

Quizá la respuesta está en algo que no deja de ser una ilusión, una utopía: que nuestros gobernantes y servidores públicos sean buenas personas, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos jefes, buenos padres.

Es tan complicado eso, que más sencillo sería elaborar un decálogo de las malas artes, en eso hasta diez preceptos se nos quedan cortos.