La Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Garantía de Acceso a
la Información Pública son dos instituciones fallidas que no cumplen con los
objetivos para las que fueron creadas. En perjuicio de la sociedad y en contra
de la democracia, encubren, solapan, esconden; protegen a una clase política
podrida, saqueadora ruin de los recursos públicos.
Los burócratas de esas dos oficinas que más bien parecen anexos de
palacio de gobierno, gozan de inmerecidas vacaciones. Andan de ocio y con
cartera llena por el deber cumplido, pero el de la complicidad.
Aún tengo alojado en mi correo electrónico un archivo que una fuente de
la Auditoría Superior del Estado me hizo llegar en 2010. Se trata de un
documento en PDF, es el Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2009 de
Gobierno del Estado. Es un documento muy extenso en el que se precisan las
observaciones administrativas y financieras por dependencia y entidad pública
del Gobierno.
En la correspondiente a la Secretaría de Finanzas, entre las observaciones
hechas por la ASE aparece, la correspondiente al Crédito de Mil 500 millones de
pesos. Dice: “De acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25
de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de 1, 500. 000. 000. 00 es de
561, 976, 384. 40, mismos que no es posible identificar a cuáles ejes
estratégicos los aplicó la actual administración de acuerdo al Decreto 819 de
autorización”.
Seis años después de que el gobierno de Fernando Toranzo Fernández fue
incapaz de aclarar el destino de esa parte del crédito, la ASE, a la sazón,
institución fiscalizadora y, la CEGAIP, la institución que debiera defender el
derecho a saber y que debiera garantizar la rendición de cuentas, mostraron con
sus acciones y decisiones, estar de lado del gobierno y su estrategia
secretista.
Eduardo Martínez Benavente inició hace seis años una lucha tenaz,
permanente y entusiasta por conocer el destino de esos más de 561 millones de
pesos. Pensó que si Marcelo de los Santos no utilizó (tampoco se sabe si debida
o indebidamente) todo el crédito, la administración de Toranzo estaría obligada
a decir en que gasto el remanente.
Presentó solicitudes de información pública a los entes obligados, lo
hizo una y otra vez, litigó contra ellos, ganó juicios de amparo. Se enfrentó
al Estado y al final perdió, no porque no le asistiera la razón, sino porque
básicamente nuestras instituciones están podridas.
Imagínese: el erario público está endeudado por los próximos 25 0 30
años y los ciudadanos no tenemos derecho a saber por qué. Esto es propio de un
Estado autoritario, cerrado, un estado caciquil y corrupto.
Martínez Benavente recibió de la CEGAIP una notificación, es del pasado
16 de julio. En ella, palabras más palabras menos se le informa que el asunto
de su petición de información a la ASE está cerrado, que esa institución ya
entregó la información requerida y por tanto, asunto terminado.
El acuerdo está firmado por Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, Oscar
Alejandro Mendoza García (ex empleado de la Secretaría de Finanzas) y por el
supernumerario, Miguel Ángel Ruiz Martínez.
Martínez Benavente, vale la pena aclarar, no recibió la información
solicitada, sino una serie de datos inútiles que no relevaban nada sobre su
petición original: a todas luces, la intención de la CEGAIP era la de enterrar
el tema, sepultarlo bajo una lápida de hormigón.
Y lo lograron.
El mapa para buscar el hilo de la impunidad no es para nada complicado.
Oscar Alejandro Mendoza García hoy comisionado de Transparencia era empleado de
la Secretaría de Finanzas con Jesús Conde Mejía.
Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo es hija del doctor Roberto Ávalos
Carvajal, amigo y compadre del gobernador Fernando Toranzo quien la recomendó
ampliamente con los diputados para hacerla comisionada.
Yolanda Camacho Zapata primero fue empleada y luego comisionada y luego
presidenta de la CEGAIP gracias a su parentela y a sus apellidos. Sabe más de
cabildeo para escalar cargos que de transparencia, eso está probado: logró la
presidencia de la Comisión gracias a Cándido Ochoa Rojas, lo que apunta a saber
por dónde andan sus lealtades.
Ella se excusó en el colmo del cinismo porque adujo que su parentesco
con el titular de la ASE, Jesús Martínez Loredo le impedía conocer la queja de
Martínez Benavente contra la ASE. Eso no significa nada en los hechos, como
presidenta de la institución impulso con denuedo cerrar el capítulo de los mil
500 millones de pesos.
Antes de Martínez Loredo en la ASE, estaba Héctor Vidente Mayorga
Delgado, funcionario de primer nivel en la secretaría de Finanzas en el
gobierno de Marcelo de los Santos. El Contador lo recomendó a los diputados
para el cargo de auditor y como usted sabrá, nadie podía ni nadie puede decir
no al gobernador.
Durante su estancia en la ASE, Mayorga utilizó todos los medios legales
y trampas extralegales para negar la información del crédito, lo cual, es
natural en tanto que actuaba como empleado del gobernador. Con el cambio de
gobierno, Mayorga siguió actuando como empleado del gobernador por conveniencia
hasta que salió del cargo.
Luego llegó Martínez Loredo, también ex funcionario de Finanzas, era
Tesorero. El gobernador Toranzo lo impulsó para llegar al cargo de auditor y
éste ni tardo ni perezoso dio muestras de porque lo pusieron: la cuenta pública
2014 del gobernador tuvo observaciones por apenas diez millones de pesos. Es
decir, colocó al gobernador en un altar y no lo ha dejado de adorar por la
tanta santidad que le rodea.
Total, seis años después el asunto está legalmente cerrado. La ASE y la
CEGAIP se tardaron, pero al final le han rendido buenas cuentas a un gobernador
que sospechosamente nunca quiso que se supiera qué destino le dio a 561
millones del crédito de mil 500 millones de pesos de Marcelo.
Es notable e incontrovertible: En San Luis Potosí, en cuanto a
temas de trascendencia que aroma a corrupción, la transparencia, la rendición
de cuentas y el derecho de acceso a la información pública simplemente no
existen.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario