El viernes 28
de agosto de 2015 a
las catorce horas con doce minutos cumplió su primer aniversario la Queja 308/2014-2. Es su
primer año de vida en rincones de la negligencia de la inútil Comisión Estatal
de Garantía de Acceso a la Información
Pública.
¿Si una
institución pública es incapaz de resolver un asunto de su competencia durante
un año, no estamos ante una institución inútil para la sociedad?
En efecto, el
viernes cumplió su primer año esa queja y no hubo pastel, globos, confetis ni
mañanitas. No es que a los comisionados de transparencia les haya pasado por
alto un día tan especial, puesto que deben estar muy orgullosos de su “retoño”
al que han visto crecer en fojas y pretextos durante los pasados 365 días.
Puede que
muchos no lo sepan y que a pocos les interese, pero es sabido que la
información en manos del gobierno es propiedad de todos. Todos tenemos derecho
a conocer esa información salvo en casos excepcionales que señala la ley. En
principio, los ciudadanos tenemos derecho para acceder a esa información y las
instituciones públicas están obligadas a garantizar ese derecho.
Eso en
realidad no es tan difícil de entender, no se trata de un tratado sobre la
composición atómica de los cuerpos celestes, tampoco es una fórmula es un
tratado en jeroglíficos o en lenguas primitivas acerca de la peste en el
medioevo.
Es simplemente
satisfacer el derecho a saber.
Como es ya
cosa pública desde hace años, en la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Tan es así que
un recurso de Queja que se debió resolver en un mes, ya cumplió un año el
pasado 28 de agosto sin tener resolución. Violan su propia Ley y siguen
impasibles, impertérritos y
confortablemente cómodos con eso.
Ese recurso
legal interpuesto por Eduardo Martínez Benavente le fue turnado a la
comisionada presidenta de la
CEGAIP , Yolanda Camacho Zapata, responsable directa de que la
queja haya alcanzado con (des) dicha su
primer cumpleaños sin resolverse.
La señora se
ha prodigado en hacer lo que sea necesario para no resolver la Queja ni a favor ni en
contra de la desclasificación, es decir, simplemente no atiende el fondo del
asunto. Como se dice en torno a los conflictos que los gobiernos mediocres
nunca resuelven: crea una Comisión y ya está, instala una mesa de diálogo y ya
está, así nos vamos todo el sexenio.
Ese es el
rango de actuación en la CEGAIP
frente al convenio BMW-Toranzo: si es necesario violar la ley para no hacer
nada, pues no hagamos nada, es al parecer el modus operandi en esa Comisión.
El pasado 26
de agosto, dos días antes del cumple de la Queja , el pleno de la CEGAIP resolvió dar un
nuevo plazo para la entrega de “datos” por parte de la empresas Logistik a fin
de que diga lo que le corresponda. Esta es una barbaridad, una empresa a la que
la propia comisión calificó de “ajena a la queja” es la que parece tener más
poder y peso que la misma ley.
Que las
instituciones públicas nieguen información y lleguen a utilizar todo tipo de
triquiñuelas para ello, no es de ningún modo una novedad ni mucho menos una
sorpresa, es más bien la norma, pero en contrario, lo que si es, como diría
algún presunto indignado, una “afrenta” a la sociedad, es la actuación de los
comisionados locales.
Con casos como
el de la Queja
308/2014-2, han abonado tanto a su descrédito que de levantarse una muestra
demoscópica le estarían peleando fieramente el liderazgo en la pérdida de
confianza ciudadana a los diputados y políticos.
Es patético:
Eduardo Martínez Benavente quiso conocer el Convenio Gobierno del Estado-BMW y
para tal efecto hizo uso de su derecho de acceso a la información pública. Como
marca la ley presentó solicitud de información el 21 de julio de 2014, tras de
lo cual espero pacientemente una respuesta en los términos de la propia ley.
Le dijeron que
ese convenio y sus anexos están reservados con fecha 11 de julio y cinco de
agosto de 2014.
De nuevo,
siguiendo lo que dice la ley, el peticionario presenta su recurso de Queja ante
la CEGAIP , lo
cual ocurrió el 28 de agosto de 2014. Ilusamente cualquiera pensaría que en unas
semanas todo estaría resuelto, puesto que si un ciudadano respeta la ley,
cuanto más lo ha de hacer una institución.
Sin embargo,
contrario a lo que le ordena la ley, la CEGAIP aun no resuelve: vaya paradoja, quien
sigue al pie de la letra lo que dice la ley, no tiene respuesta y los que la
tuercen tan campantes como siempre.
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