Aunque la mona (legislativa) se vista de seda, mona se queda

La buena imagen de un diputado no necesariamente depende del suntuario gasto anual que realiza el poder legislativo en medios de comunicación. Es decir, Chequera abierta no mata desprestigio. Tampoco compra famas ni construye prestigios que no sean fugaces, mucho menos es suficiente para dotar de simpatía, popularidad e inteligencia al buen pagador. El dinero ayuda, pero no lo es todo.

En su décimo informe de actividades el Consejo Ciudadano de Transparencia, cuya independencia de acción y responsabilidad contrasta con la que ese órgano tuvo cuando lo integraba un cuñado del entonces diputados Jesús Ramírez Stabros y un maestro cómplice del PANAL y el SNTE, hay datos sobradamente sorprendentes que ayudan a conocer el tipo de legisladores que hay en San Luis Potosí.

Que no publican toda la información que de oficio deben publicar por mandato de la Ley de Transparencia, que exista un rezago significativo en la publicación de actas de las Comisiones, que perdure una opacidad notable el contenido de las actas de la Junta de Coordinación Política, que den dinero a manos llenas para quedar bien otros y mucho más, no resulta novedoso.

De hecho, el listado de puntos negros es solo comparable con el demerito acumulado en tres años.

Pero lo realmente trágico es que todo siga igual. Las mismas recomendaciones, observaciones, señalamientos o como se quiera llamar, se le han hecho a la actual y a legislaturas anteriores.

Su capacidad para la simulación es palmaria.

De ese informe destaca por su relevancia el gasto en medios de comunicación. Un gasto que lindó en los 28 millones 387 mil pesos. El promedio de la legislatura casi alcanza los nueve millones de pesos anuales.

Peregrinamente, los diputados, insisto en que igual que sus antecesores, creyeron equivocadamente que si pagan a la prensa para que les den cobertura, eso sería suficiente para aparecer en notas de ocho columnas todos los días.

Han de pensar los diputados que con 28 millones 387 mil pesos comprarse una imagen pública rechinando de limpia.

Tantos millones de pesos para que después de tres años la pequeñez política de los diputados quede intacta. Ninguno demostró nada, ninguno se ganó la confianza de la gente, ninguno se debe sentir orgulloso por haber hecho basura de su presunta representación popular.

Al arranque de esta legislatura, había un padrón de 49 proveedores en los medios de comunicación y tres años después, la cifra creció a cien. Por decirlo de algún modo, compraron cuanto espacio de comunicación fuera y pese a eso su categoría política no se movió un centímetro: dinero público tirado a la basura.

¿Alguien pensará que Crisógono Sánchez ha sido un diputado ejemplar, un diputado que sostuvo su palabra y que defendió a la sociedad?

Solo por citar un ejemplo, pero materialmente todos están cortados con la misma tijera.

Los diputados le pagaron a la prensa el equivalente a lo que la Cruz Roja recaudaría en cinco años con su colecta anual en San Luis Potosí. Así se las gastan los legisladores, así se gastaron un dinero que no era de ellos.

Así compraron espacios en la prensa con la intención de que se les diera un amplio despliegue informativo.

Dos meses de 2012: 2 millones 701 mil 659.24 pesos.

2013: 11 millones 025 mil 167.96 pesos.

2014: 12 millones 699 mil 400 pesos.

Un mes de 2015: 1 millón 966 mil 210 pesos.

Como se podrá apreciar, es un promedio de un millón de pesos mensuales lo que se ha gastado la legislatura en la difícil tarea de hacer interesante los dichos y actos de los legisladores quienes, en todo caso, cuando se ganan la nota del día es, gracias a sus escándalos y excesos, no por algún acierto.

Mal negocio para la sociedad, mantener a políticos mentecatos que se llegan a creer que si los publica la prensa es porque hicieron algo trascendente o dijeron  algo interesante, pero en realidad es porque hay contratos publicitarios gracias a los cuales, se puede publicar cualquier estupidez.

Hace unos años, el abogado José Mario de la Garza Marroquín presentó al Congreso del Estado una iniciativa de ley para regular los gastos de instituciones públicas en medios de comunicación. Si no la lanzaron al bote de la basura los ofendidos diputados, ojala se le pueda rescatar.